Las grabaciones como medio de prueba han adquirido un protagonismo cada vez mayor en los procedimientos judiciales, principalmente debido al fácil acceso a dispositivos móviles que permiten registrar conversaciones y situaciones con fines probatorios. Este fenómeno es especialmente relevante en el ámbito penal, aunque también ha ganado importancia en los procedimientos civiles, laborales e incluso en el contencioso-administrativo, donde la incorporación de pruebas audiovisuales es cada vez más común. Técnicos y policías, por ejemplo, suelen apoyarse en estas grabaciones para documentar hechos determinantes, los cuales luego son incluidos en los expedientes sancionadores o de responsabilidad patrimonial. Por estas razones, tratamos el tema, esta semana, en el blog de Francisco Franco, Procurador de los Tribunales.
La facilidad que brindan estos medios tecnológicos ha reducido el esfuerzo y la complejidad de la prueba, mejorando su fiabilidad. Así, los reportajes videográficos y las grabaciones se presentan como alternativas superiores a la narración de hechos por parte de testigos o al uso de documentos. Además, ha aumentado el recurso a peritajes técnicos que acrediten la validez y autenticidad de estas grabaciones, especialmente cuando son impugnadas por la otra parte.
Impacto en el ámbito político
En el terreno político, la posibilidad de ser grabados en situaciones privadas ha generado una mayor cautela entre los funcionarios públicos. El temor de que sus conversaciones puedan ser utilizadas en su contra, ya sea sacadas de contexto o incluso difundidas por los medios, les obliga a ser más prudentes. Este fenómeno se debe, principalmente, a tres razones: evitar ofrecer una imagen de frivolidad, evitar que una declaración impulsiva sea malinterpretada y prevenir posibles consecuencias legales en caso de que sus palabras impliquen alguna ilegalidad.
Esta nueva dinámica refleja cómo los avances tecnológicos han modificado la manera en que los políticos interactúan con su entorno, siempre conscientes de que una grabación puede ser utilizada en su contra en el ámbito judicial.
Jurisprudencia sobre la validez de las grabaciones
Una reciente sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo, de fecha 22 de julio de 2024 (rec. 2984/2020), analizó la validez de una grabación realizada por un empresario durante una conversación con un concejal responsable de la adjudicación de contratos, sin el conocimiento de este último. La cuestión principal radicaba en determinar si esta grabación era válida como prueba en un proceso penal.
La sentencia, que se apoya en una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), concluye que:
- No se vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones cuando uno de los interlocutores graba una conversación privada.
- No se vulnera el derecho a la intimidad salvo en casos excepcionales donde la conversación involucra aspectos íntimos de la vida personal o familiar de los involucrados.
- Vulneración del derecho a no autoinculparse: Las grabaciones obtenidas mediante engaños o a través de una posición de superioridad (como en el caso de agentes de la autoridad) son nulas como pruebas, a menos que estén autorizadas por un juez, conforme a los artículos 588 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
- Grabaciones en el ámbito privado: Las grabaciones realizadas en conversaciones particulares, sin el uso de engaños o argucias, no vulneran el derecho a no declarar contra sí mismo.
- Posible vulneración del derecho a un proceso con garantías: Cuando se recurre a engaños premeditados para provocar declaraciones incriminatorias, la validez de la grabación dependerá de las circunstancias del caso.
Estas conclusiones refuerzan la tendencia en la jurisprudencia a permitir el uso de grabaciones privadas siempre que se respeten los derechos fundamentales de las personas implicadas.
Análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional y del TEDH
La doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sido clave en el desarrollo de los criterios sobre la validez de las grabaciones en los procesos judiciales. Tanto el TC como el TEDH han abordado el conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la defensa, y han concluido que las grabaciones privadas pueden ser admitidas como prueba siempre que no se infrinjan derechos fundamentales.
En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, la clave radica en la interpretación del artículo 18 de la Constitución, que protege la intimidad y el secreto de las comunicaciones. El TC ha reiterado que, cuando una persona graba una conversación en la que es parte, no se vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, puesto que ambas partes son conscientes de la interacción. Solo se vulnera este derecho cuando la grabación es realizada por un tercero sin el conocimiento de los interlocutores.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha seguido una línea similar. En sus sentencias, el TEDH ha considerado que las grabaciones privadas no son una violación de la intimidad si se obtienen de manera lícita y si no se utilizan para fines de difamación o para difundir información sensible de la vida privada. La doctrina del TEDH subraya que, aunque se permita la grabación, la posterior difusión no autorizada de su contenido puede implicar una vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la vida privada y familiar.
Conclusiones y recomendaciones
El uso de grabaciones como prueba en los tribunales es una herramienta cada vez más frecuente y eficaz, pero su admisibilidad está sujeta a una serie de condiciones que garantizan la protección de los derechos fundamentales. En resumen, podemos extraer las siguientes conclusiones clave:
- Regla general: Las grabaciones de conversaciones privadas entre dos partes son válidas siempre que ambas participen de manera espontánea y con buena fe.
- Excepción: Las grabaciones obtenidas mediante engaños o para provocar una confesión de culpabilidad son inválidas, ya que vulneran el derecho a no declarar contra sí mismo.
- Difusión: Aunque una grabación sea válida como prueba, su difusión sin el consentimiento de los involucrados puede constituir una vulneración del derecho a la intimidad, tal como establece la doctrina del Tribunal Constitucional y el TEDH.
Para garantizar la validez de una grabación en un proceso judicial, es crucial presentarla adecuadamente, identificándola como medio de prueba en la demanda o contestación. Es recomendable transcribir la conversación grabada para facilitar su análisis por las partes y el juez, y en caso de impugnación, contar con un peritaje que acredite la integridad del material.
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