El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley que introduce un paquete de medidas diseñado para aliviar los efectos de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Este tercer conjunto de iniciativas, con un presupuesto total de 2.274 millones de euros, se enmarca en el Plan de Respuesta inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento.
Las disposiciones abarcan ámbitos clave como el judicial, procesal y societario, ofreciendo un respaldo integral a los damnificados. Esta semana, lo tratamos en el blog de Francisco Franco, Procurador de los Tribunales.
Prioridad en los procedimientos judiciales
En el ámbito judicial, el decreto establece la tramitación preferente de ciertos procedimientos relacionados con los efectos de la DANA. En el orden civil, esto incluye las demandas relacionadas con daños causados por el fenómeno meteorológico. En el ámbito laboral, se priorizarán los casos de despido y extinción de contratos motivados por causas económicas o de fuerza mayor, especialmente cuando estén vinculados a empresas beneficiarias de ayudas públicas.
Esta agilidad en la tramitación busca que los afectados obtengan una resolución rápida y eficaz, aliviando en parte las complicaciones derivadas de la catástrofe.
Protección frente a subastas judiciales
El Real Decreto-ley también introduce medidas para proteger a las personas y empresas frente a las subastas judiciales y notariales relacionadas con los daños de la DANA. Los deudores podrán solicitar la anulación de estas subastas, mientras que se garantiza la devolución de las tasas pagadas por su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Además, las ayudas económicas destinadas a paliar los efectos de la DANA han sido declaradas inembargables, reforzando así la seguridad de los damnificados frente a posibles reclamaciones económicas.
Reanudación y ampliación de plazos procesales
Otro aspecto fundamental de la norma es la reanudación de los plazos procesales que habían sido suspendidos tras la DANA. Para garantizar la seguridad jurídica, estos plazos se reiniciarán desde cero, sin considerar el tiempo transcurrido antes de la suspensión.
Asimismo, se amplían los plazos para presentar recursos contra sentencias y otras resoluciones notificadas durante la suspensión o en los veinte días hábiles posteriores a su levantamiento. Esta medida tiene como objetivo garantizar que las partes implicadas dispongan del tiempo necesario para ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Flexibilidad para las empresas afectadas
En el ámbito societario, el decreto introduce disposiciones excepcionales destinadas a las empresas que han sufrido las consecuencias de la DANA. Estas medidas incluyen la posibilidad de celebrar reuniones de los órganos de administración mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple. Además, los acuerdos podrán adoptarse por escrito y sin necesidad de sesión presencial.
Se aplaza hasta el 30 de junio de 2025 la obligación de formular cuentas anuales, un alivio significativo para las empresas en dificultades. También se pospone la obligación de solicitar la declaración de concurso o la negociación de planes de reestructuración hasta el 31 de diciembre de 2025, proporcionando un margen adicional para que las empresas puedan estabilizarse.
Un compromiso con las víctimas de la DANA
Este paquete de medidas refleja el compromiso del Gobierno con las personas y empresas afectadas por la DANA, proporcionando herramientas legales y procesales para abordar las dificultades derivadas de esta emergencia.
Si necesita orientación sobre cómo beneficiarse de estas medidas o gestionar cualquier procedimiento relacionado, no dude en contactar con nosotros. Como procuradores de los tribunales, estamos a su disposición para ayudarle a proteger sus derechos y superar este complicado escenario legal.